A COLACIÓN DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA - KOSTKA FERNÁNDEZ

Queremos traer a colación un aspecto de la reforma de la justicia que  se ha revitalizado con fuerza en los últimos meses. Nos referimos a la idea de apartar a los jueces de su función instructora e investigadora en los sumarios, atribuyendo tales competencias a los fiscales y dejando a los primeros una función de supervisión de los derechos de las partes en los procedimientos. No entraremos en la bondad o maldad de tales planteamientos y  aunque sostenemos que pudiera llegar a ser una propuesta interesante y positiva para la administración de justicia, creemos que es necesario primero garantizar la verdadera independencia de Ministerio Fiscal del poder político, especialmente del Fiscal General del Estado. Dudamos que el haber privado a los jueces de la facultad de acordar de oficio auto de procesamiento, sin la voluntad del fiscal o de la acusación particular, si existiese, haya sido un paso positivo en pro de la independencia judicial.

Creemos que en buena medida la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad dista de ser la ideal, y si bien no ponemos en cuestión la independencia de la función jurisdiccional, sí sostenemos que adolece de exceso de parlamentarización o, si se quiere, de exceso de politización partidista, especialmente desde la aprobación de la Ley Orgánica 1985, que a todas luces parece hacer significado un retroceso del camino iniciado en 1978.

No se trata de una cuestión nueva y en cierta medida parece consustancial a casi todos los regímenes políticos, ya que los poderes ejecutivos no quieren estar sometidos al control jurisdiccional en la medida que puedan, de ahí que el sistema propicie y bendiga un no siempre sano reparto de cuotas judiciales entre los partidos políticos dominantes, lo que en la práctica nos lleva al reparto ideológico-partidista de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.

De hecho, la “contaminación” partidista y política de la Justicia no es ya un secreto, sino que los propios órganos judiciales lo manifiestan de forma pública y notoria. Recordemos, por poner sólo un ejemplo,  el manifiesto al que se adhirieron  medio millar de jueces españoles, pertenecientes a todas las asociaciones existentes, en enero de 2010, en el que se reclama la “despolitización” y la “independencia” judicial. Baste a modo de ejemplo la referencia textual a la “ocupación progresiva” de la magistratura que “desde 1985 inició el poder político dominante”, advirtiendo que la situación actual “choca con la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en la Constitución”. El citado documento propone “un gran pacto de estado” para evitar la “injerencia política” y defiende la elección democrática de los órganos internos, posturas que no hacen sino reflejar un creciente malestar de los órganos jurisdiccionales ante la constatada injerencia del poder político que se ha manifestado en diversas actuaciones legislativas, en diversas sanciones a jueces, en diversas decisiones de los órganos de régimen interno y en determinadas decisiones de órganos jurisdiccionales colectivos e individuales.

No nos hubiéramos atrevido nosotros a llegar tan lejos, pero recordemos que han sido los propios jueces y magistrados los que elaboraron el manifiesto mencionado, lo cual no impide que sigamos manifestando nuestra postura inicial de que en España la independencia judicial existe y está garantizada por la Constitución, lo que no impide que podamos y debamos mejorar la situación actual.

LEGITIMIDAD POLÍTICA EUROPEA II - E. KOSTKA FERNÁNDEZ

Es un deber de los gobernantes buscar la máxima legitimidad de la autoridad que ejercen y de las instituciones que usan para ejercer ese poder. De forma muy sincrética podemos definir la legitimidad política como el derecho a gobernar socialmente aceptado. Hemos analizado en este mismo medio el problema de la crisis de legitimidad en el proceso de construcción europea, ahora queremos ofrecer propuestas de solución, encaminadas a dotar de mayor legitimidad las instituciones, las decisiones y las políticas públicas europeas.

El objetivo debería ser la configuración de un verdadero sistema político europeo, configurado por normas jurídico-políticas que estén dotadas de la mayor legitimidad posible, por lo que resulta imprescindible que emanen de la irrenunciable soberanía de los ciudadanos europeos. Pero para ello, y en primer lugar, resulta preciso establecer un modelo identificable de organización política del territorio. Sostenemos que nos acercamos al confederalismo sin serlo, y que Europa no es un Estado, sino una unión de estados unidos por tratados internacionales, sin Constitución, y que, por lo tanto, adolecen de falta de legitimidad política primigenia, al no existir un poder constituyente. Sin Estado resulta difícil que exista soberanía, sin soberanía es muy difícil que exista legitimidad, sin legitimidad es muy difícil que exista Gobierno aceptado e interiorizado.

El Parlamento Europeo debe y puede contribuir aún más a fortalecer la legitimidad democrática, y solventar la lejanía con la que los ciudadanos perciben las instituciones europeas. La legitimidad democrática, simplificando, siempre precisa más democracia y ésta se alcanza cuando los ciudadanos sienten que las instituciones que les representan y que les gobiernan son fruto de la voluntad expresada por todos los ciudadanos de forma libre y directa, y con información clara, sencilla y cercana. Creemos esencial en la búsqueda de la legitimidad convertir al Parlamento Europeo en un verdadero poder legislativo.

Debemos avanzar hacia una legislación electoral única y hacia la plena igualdad en los principios de representación democrática. La pluralidad de sistemas electorales y las distorsiones de representación electoral, produce efectos de desigualdad en la representación política.

Debemos avanzar hacia la promulgación de una ley europea que regule los partidos políticos europeos, creando organizaciones políticas visibles y eficaces, que sirvan de correa de transmisión de las voluntades políticas y que sean verdaderos agentes de representación política de los ciudadanos.

Debemos avanzar hacia la elección directa del Presidente de la Comisión Europea. Sólo así los ciudadanos percibirán a la Unión Europea como alguna forma de entidad política real, compacta y con legitimidad de acción política. El actual proceso de designación del Presidente de la Comisión Europea, contribuye en buena medida a la ausencia de legitimidad y a la lejanía con la que los ciudadanos perciben este cargo. Su no elección de forma directa por los ciudadanos europeos es la causa principal, a nuestro entender, de la lejanía con la que los ciudadanos perciben la Europa institucional, al no percibir un claro líder europeo elegido democráticamente, que aúne los intereses de los estados miembros y que esté al frente de un ejecutivo con legitimidad democrática.

Es preciso simplificar los procesos burocráticos y hacerlos más accesibles a los ciudadanos y, en la misma línea, hacerlos perceptibles a los ciudadanos, quizá a  través de la descentralización de las instituciones europeas.

Sin duda el Parlamento debe ser llamado a liderar el proceso de incremento de la legitimidad democrática de las instituciones y los procesos europeos, no sólo por ser el órgano de representación de una ficticia soberanía europea, sino porque su naturaleza electa dota por si sola de legitimidad democrática las decisiones que de él emanan.

LEGITIMIDAD POLÍTICA EUROPEA I - E. KOSTKA FERNÁNDEZ

Leonard Binde

Los esfuerzos por dotar de mayor legitimidad democrática a las instituciones y a los procesos políticos europeos han sido hasta la fecha a todas luces insuficientes. Todo indica que la Unión Europea, usando términos jurídicos, realiza todos los “elementos del tipo” crisis de legitimidad política.

Hay una crisis de legitimidad de origen, al no existir un verdadero proceso constituyente soberano que cree un entramado constitucional que funde un verdadero Estado.

Hay una vulneración flagrante de la soberanía que reside en cada ciudadano europeo, quienes son despojados de ella al trasladarse supuestamente a las instituciones europeas, a través de los estados miembros.

Hay una indefinición en cuanto al modelo de sistema político que se quiere construir. Desde la Ciencia Política la Unión Europea es una unión de estados regulados por tratados internacionales, que carecen de constitución común, configurando un modelo político que se acerca al confederalismo sin serlo.

Hay una falta de democracia en los procesos de construcción europea y en la designación de cargos políticos. Los cargos europeos de mayor relevancia no son elegidos por los ciudadanos.

Si seguimos el modelo teórico del politólogo estadounidense Leonard Binder podemos identificar en la Unión Europea hasta cinco tipos de crisis de legitimidad. Existe una crisis de identidad porque los ciudadanos europeos no parecen relacionarse subjetiva y objetivamente con su sistema político. Existe una crisis de legitimidad por la naturaleza de los cambios en la autoridad política. Existe una crisis de participación derivada del escaso interés y participación en los procesos electorales y en otras formas de participación política. Existe una crisis de penetración porque no sólo resulta evidente la expansión del dominio privado en el sistema político, sino que la propia Unión Europea nace como una entidad económica antes que política. Y el quinto aspecto que menciona Binder, se refiere a la crisis de distribución que también parece obvio que existe, puesto que cada vez los estados tienen más dificultades para hacer frente a las crecientes expectativas sociales.

Por último, no podemos dejar de mencionar el importante papel que juega en la crisis de legitimidad que percibimos, el complejo y asimétrico entramado institucional y burocrático, fundamentada en los déficits de transparencia, cercanía, eficacia, eficiencia, responsabilidad, moralidad y democracia.

LA NAVIDAD RUSA HACE 20 AÑOS - E. KOSTKA FERNÁNDEZ

Mijaíl Gorbachov

El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov se rindió a lo inevitable y renunció como presidente de la URSS, declarando el modelo de estado federal disuelto. Transfirió los poderes, que pasaron desde entonces a Borís Yeltsin, el Presidente de Rusia. El día siguiente, el Soviet Supremo de la URSS, el cuerpo gubernamental más alto de la Unión Soviética, reconoció el desplome de la Unión Soviética y se disolvió, acto que se reconoce generalmente como el final de la Unión Soviética como Estado.

Fue el desencadenante de dos fenómenos que caracterizaron la década de los años ochenta: el desmoronamiento cada vez más evidente de las estructuras económicas y políticas de la Unión Soviética, y las tentativas de un conjunto fragmentario de reformas para invertir ese proceso. Después de la sucesión rápida de Yuri Andrópov y Konstantín Chernenko, figuras de transición con raíces profundas en la tradición Brezhnevita, Mijaíl Gorbachov fue designado líder de la URSS y comenzó a aplicar profundos cambios en la economía y en el partido, conocidos como Perestroika y Glásnost.

A finales de los años 1980, las repúblicas que componían la Unión Soviética comenzaron legalmente un movimiento hacia una declaración de soberanía sobre sus territorios, basándose en el Artículo 72 de la Constitución de la URSS, que promulgaba que cualquier República componente era libre de separarse. El 7 de abril de 1990 fue aprobada una Ley por la cual una República podía separarse, si más de dos terceras partes de los ciudadanos de la República votaban a favor de ello en referéndum. Muchas repúblicas, a lo largo de 1990, iniciaron un proceso de elecciones para elegir sus legislaturas nacionales e iniciaron nuevos procesos legislativos. Con frecuencia el resultado de estos procesos contradecía las leyes de la Unión en lo que fue conocida como "La Guerra de Leyes". En 1989, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era entonces la República más grande, con cerca de la mitad de la población, convocó una nueva elección para elegir el Congreso de Diputados del Pueblo y Borís Yeltsin fue elegido Presidente. El 12 de junio de 1990, el Congreso declaró la soberanía de Rusia sobre su territorio y se apresuró a hacer leyes que sustituían viejas normas de la URSS. El período de la incertidumbre legal continuó a la largo de 1991, cuando las repúblicas se convirtieron lentamente en la práctica en independientes.

El 17 de marzo de 1991 se celebró un referéndum para decidir el futuro de la URSS y la mayoría de la población votó a favor de la conservación de la Unión, concretamente nueve de las quince repúblicas. El referéndum dio a Gorbachov un respiro provisional, y, en el verano de 1991, el Nuevo Tratado de la Unión fue acordado para ocho repúblicas que convirtieron la Unión Soviética en una federación mucho más flexible. La firma del tratado, sin embargo, fue interrumpida por el golpe de estado de agosto, dirigido contra Gorbachov por miembros marxistas extremistas del Gobierno, que intentó invertir las reformas y reafirmar el control central del Gobierno sobre las repúblicas. Tras el fracasado golpe BorisYeltsin se encumbró como un héroe, mientras el poder de Gorbachov se fue diluyendo. El equilibrio político se inclinó de forma significativa hacia las nuevas repúblicas soberanas. En agosto de 1991, Letonia y Estonia declararon la restauración de la independencia plena, siguiendo el ejemplo de Lituania en 1990, mientras las otras 12 repúblicas continuaban discutiendo de nuevo los modelos de una Unión cada vez más débil.

El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belovesh que declaró la Unión Soviética disuelta y se estableció la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Como quedaban dudas sobre la autoridad del Tratado de Belovesh para disolver la Unión, el 21 de diciembre de 1991, los representantes de todas las repúblicas soviéticas excepto Georgia, firmaron el Protocolo de Alma-Ata, que confirmó el desmembramiento y la extinción de la URSS, y volvió a plantear el establecimiento de la CEI. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov presentaba su dimisión como presidente de la URSS, declarando el estado federal disuelto el día de Navidad.

LEY D´HONDT ¿UNA LEY ELECTORAL JUSTA? - E. KOSTKA FERNÁNDEZ

Victor d'Hondt

Con frecuencia se sostiene que la responsable de la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas es de la ley D´Hondt y que es ésta la que genera las distorsiones entre el número de votos emitidos y el número de diputados electos. Pero lo cierto es que tales distorsiones se deben al diseño y al reparto que se produce en las circunscripciones y no a la aplicación de esta ley electoral, elaborada por el jurista y matemático belga Victor d´Hondt.

En España tenemos un sistema proporcional corregido, producto de los pactos de la Moncloa, que trata de favorecer la gobernabilidad, beneficiando a los partidos más votados. El sistema electoral favorece a los partidos que tienen más votos en cada circunscripción y perjudica a los partidos minoritarios que se presentan en todas las circunscripciones, permitiendo que se conformen mayorías que garanticen la estabilidad del sistema político.

En el caso del País Vasco y de Cataluña, al ser los partidos nacionalistas los más votados, el sistema los sobrerrepresenta porque sólo se presentan en unas pocas circunscripciones, perjudicando de forma clara a los partidos minoritarios, que se presentan en todas las circunscripciones.

Si aplicáramos un sistema proporcional puro en cada circunscripción, lo cierto es que la variación en los resultados sería irrelevante, porque el efecto distorsionador no está en la ley D´Hondt, sino en la circunscripción, o mejor dicho en el número y tamaño de la circunscripciones.

¿Qué pasaría si aplicamos esta ley electoral a los resultados del 20N en una circunscripción única nacional?, como sucede en las elecciones al Parlamento Europeo. Las cosas serían muy distintas, especialmente si mantenemos la actual barrera electoral existente de un mínimo del 3% de los votos para entrar en el reparto de los escaños.

El resultado de aplicar la ley de D´Hondt en una circunscripción única con barrera electoral del 3% sería el siguiente: el PP obtendría 176 escaños, mayoría absoluta justa, el PSOE obtendría 113 escaños, IU alcanzaría 27 escaños, UPyD 18 escaños y CiU 16 escaños, quedando sin representación en el Congreso de los Diputados el resto de los partidos políticos, incluidos PNV, BNG o Amaiur, ya que ninguno de ellos lograría superar el listón del 3% de los votos en el territorio nacional.

Lo cierto es que este sistema de reparto sí sería un fiel reflejo, absolutamente proporcional, de los votos emitidos por los españoles. Pero ello no significa que sea un sistema más justo o mejor, puesto que dificultaría la gobernabilidad,  no se atendería al criterio de reparto en función de la población de cada provincia que exige la Constitución, no estarían representados partidos de ámbito regional y los representantes estarían muy alejados de su electorado, no representando a los territorios, sino a un solo territorio, el nacional.